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Las cláusulas de confidencialidad son disposiciones particulares dentro de un contrato por el cual el empleador impone la obligación al trabajador de mantener reserva de cierto tipo de información que es considerada de vital importancia para la empresa. El incumplimiento de este pacto de confidencialidad puede traer sanciones que en la misma cláusula o contrato se tipifican.

Las cláusulas penales son disposiciones contractuales por medio de las cuales los acreedores en un negocio jurídico buscan promover el cumplimiento de las obligaciones a su favor, mediante la consagración convencional de prestaciones adicionales que se causan en los eventos en los que se configure un incumplimiento contractual del deudor. A efectos de que la cláusula penal incluida en un determinado negocio jurídico cumpla con las necesidades propias de la relación contractual, es necesario que las partes fijen correctamente el alcance de dicho instrumento contractual.

El concepto de fuerza mayor es conocido por la mayoría de los sistemas legales, pero los principios desarrollados en las leyes
nacionales pueden suponer diferencias sustanciales. Para superar este problema, las partes contractuales suelen acordar
soluciones autónomas, mediante la inclusión de cláusulas de fuerza mayor en sus contratos que contienen soluciones que no
dependan de las particularidades de las leyes nacionales